Desde determinadas esferas del fútbol, próximas al Partido Socialista, se está propagando el rumor de que Ángel Villar será imputado por el juez en el mes de Septiembre. Esta postura, avalada por una serie de medios de comunicación que buscan desesperadamente la inhabilitación de Villar, sorprende y mucho. No termina de comprenderse que, desde el poder ejecutivo, se conozca con tanta antelación la intención del poder judicial. Si la separación de poderes no ha sido suprimida, si Montesquieu no se ha muerto del todo, correr la voz en el sentido de indicar al juez a quien debe imputar no dice nada a favor de la democracia. Da la impresión de a Alfredo Pérez Rubalcaba y Jaime Lissavetsky no les cae bien Villar, y no tengo del todo claro si esta antipatía es real porque se base en hechos constatados, porque venga apoyada por los medios de Prisa o, sencillamente, no sea real. Creo que ambos gozan de capacidad intelectual como para dedicarse a la simple y burda manipulación que termine con un candidato del PSOE en el sillón de Ángel Villar. Fue el gobierno de Felipe González, con Javier Solana en el Ministerio de Cultura, quien promulgó el llamado decreto anti-Porta. No se vió bien una intervención política tan poco democrática. Y mucho me temo que tampoco se vería con cariño que el partido gobernante fuera capaz de inducir al juez a una decisión, la de declarara imputado a Villar, que pondría en duda la veracidad de nuestras instituciones. El hecho de ser imputado no quiere decir que nadie sea culpable pues basta recordar que imputado fue Jesús de Polanco, presidente del Grupo Prisa, y no tuvo que abandonar su cargo y su causa fue archivada. ¿Se trata de forzar al juez para que siendo Villar imputado no pueda presentarse a la reelección? Si así fuere, se nos debería caer la cara de vergüenza. Eso no es el talante de ZP.