La prevención de la violencia organizada, como el crimen de idéntica naturaleza, corresponde al Estado. Los grupos radicales existen en España desde hace más de treinta años y el Estado ha sido consciente colaborador de sus andanzas durante este tiempo, asignando responsables de seguridad que supieran torear sin armar escándalo. Les permitían los accesos, cantar, insultar y amenazar dentro de los recintos  y los embolsaban en sus recorridos hacia el estadio o a la salida, como protección.

Papá Estado, y el Consejo Superior de Deportes, preferían radicales controlados y contentos en lugar de afrontar una conducta delictiva con la ley y los jueces. Hasta hace nueve días, cuando un muerto gallego los resucitó a todos. ¿Cuántas amenazas y palizas a periodistas se han producido en los estadios? Sé, por experiencia, lo que he sufrido con diversos grupos, alguno de ellos alentado incluso por el entrenador de un equipo y su propio hijo. He visto pintadas, quemar oficinas electorales (razón Alfonso Ussía) y ni un detenido.  Los clubes han cobijado a los ultras hasta hace muy pocas fechas.

La Liga Profesional y el Consejo Superior de Deportes han tolerado las SS de sus siglas mientras la pomposa Comisión contra la Violencia  ha resultado inexistente desde que la Ley 10/90 del Deporte, de 15 de Octubre, previera su constitución y funcionamiento. En verdad, nadie sabe cómo funciona aunque ahora, reunida con la urgencia del miedo al cadáver reciente, sepamos que sí fue constituida.

Pueden echar espectadores por insultar pero los delincuentes siguen libres por el fútbol español. Salimos a dos reuniones por muerto. Me da la sensación de que, al presidente Rajoy, no le cuentan la verdad.