La vigente legislación española, en el artículo 43.3 de la Carta Magna de 1978, introduce el fomento por parte de los poderes públicos de la “educación sanitaria, la educación física y el deporte”. En un contexto que se dirige claramente a la salud de los ciudadanos, los constituyentes enmarcaron de manera diáfana su idea de que el deporte y la educación física formaran parte de los aspectos saludables de la población, sin aludir en absoluto a las competiciones de carácter profesional.
Sin embargo, el Estado se ha caracterizado por una excesiva presencia en el deporte a fin de controlar una actividad que, además de producir el 1% del Producto Interior Bruto, (PIB), alcanzas irresistibles cotas de expansión mediática y, por tanto, de innegable presencia en la vida cotidiana de los españoles. Desde los tiempos del antiguo régimen, donde este sector quedaba en manos del Secretario General del partido único, hasta la actualidad, donde se estima una capacidad de intervencionismo alarmante, España no ha sido capaz de adelantarse y dotar a los ciudadanos de una legislación adecuada para los tiempos que corren.
La vigente, y eterna, Ley 10/1990,del Deporte, de 15 de Octubre, se mantiene después de casi veinticinco años sin que se hayan realizado las adaptaciones imprescindibles para los albores del siglo XXI, cuando no una nueva Ley. Por si fuera poco, las Comunidades Autónomas, después de que fueran transferidas las competencias en esta materia, se pusieron a legislar, a su vez, otras diecisiete leyes del deporte de carácter autonómico. La mayor parte optaron por el sencillo método del corta-pega de la estatal mientras que otras especificaron en virtud de sus territorios, las menos.
Con estos bueyes, hay que arar, dice el viejo refrán castellano. Y, así, sucede que, en el fútbol, sin ir más lejos, nos encontramos anclados en los viejos planes de saneamiento, la ruina generalizada, la aplicación de la legislación concursal que permite la desigualdad de la competición, la injerencia en la administración de justicia, nombrada a dedo por el propio Estado, el injusto reparto del dinero de las quinielas y otras maniobras en la oscuridad que no reflejan la modernidad de una sociedad sino el empeño por seguir en el control de lo que se considera un arma muy poderosa. El Estado, al servicio del interés personal y partidista, no lucha por lo que la Constitución le indica sino por el control del poder que otorga el deporte profesional, el que sale en televisión y enardece a las masas. Y si, para ello, tiene que arrasar al deporte aficionado, al modesto, al de base, al más saludable, lo arrasa sin más porque así conviene a sus intereses.
En España, sólo hay tres competiciones de carácter profesional, Primera y Segunda División de fútbol y la liga ACB. Cuando el legislador enmarcó el deporte en el contexto de la salud, sabía bien lo que hacía. Eso sí, lo ignoran profundamente y así nos va.