No conviene equivocarse con este delicado asunto, en el que hay quien no ve más allá de la disputa por una plaza de Segunda o un descenso a Segunda B. A la vista de los hechos y de las resoluciones judiciales dictadas, están en juego varios conceptos de vital importancia para el futuro del fútbol profesional español. La batalla jurídica planteada por el Real Murcia ha introducido notables variantes respecto de otros pleitos, especialmente la vía del derecho a la competencia, y se ofrece como una lucha larga y abierta, de la que bien podremos afirmar  que apenas ha comenzado. La decisión de descender al Real Murcia no es, ni mucho menos, el fin del litigio sino  el inicio de un largo recorrido cuyo  final se adivina en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no en breve.

Se ha cuestionado por los dos jueces del Mercantil número siete de Madrid, la protección jurídica de las medidas de control económico y financiero de la Liga Profesional,  que no por estar aprobadas por el Consejo Superior de Deportes  alcanzan mayor nivel normativo. Son lo que son: acuerdos internos de una asociación privada con el habitual  visto bueno de la Administración.

Ambos jueces han dado a entender que estos mecanismos no gozan del soporte legal suficiente. Por lo tanto, el control económico y financiero del fútbol profesional español, tan alabado y necesario,  ha saltado judicialmente por los aires.

Nos hallamos ante una batalla  de profundo calado jurídico, de enjundia, que cuestiona los modos y maneras del fútbol profesional en su vertiente mercantil y que escapa al control del fútbol internacional. Habrá un antes y un después.